Más de 3.000 escuchas para desenmascarar a Maje

El crimen de Patraix probablemente no se hubiera resuelto jamás sin el procedimiento judicial que autoriza las escuchas telefónicas. La intimidad al descubierto es un rasgo distintivo del asesinato de Antonio Navarro urdido por su esposa Maje y su amante Salva en Valencia en 2017. La Policía Nacional tuvo que penetrar en las conversaciones telefónicas de la viuda y personas de su entorno próximo hasta revisar con atención más de 3.000 grabaciones en seis meses, con el esfuerzo en tiempo que ello conlleva.

No fue sencillo. Para lograr que un juez autorice pinchazos primero hay que presentarle informes razonados que justifiquen la medida. Todo está contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y desarrollado en una circular de la Fiscalía. Vulnerar el secreto de las comunicaciones es, al fin y al cabo, tumbar un derecho constitucional y tiene que hacerse con precisión quirúrgica, no a la ligera.

Sólo pueden interceptarse las comunicaciones telefónicas para investigar delitos dolosos castigados con una pena máxima de al menos 3 años de prisión. Este es el supuesto del asesinato, con una horquilla de entre 15 y 25 años. También se puede aplicar a delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, en terrorismo o en los cometidos a través de instrumentos informáticos.

Pero hay más. Necesariamente tienen que existir previamente indicios del delito y de la intervención en él de la persona investigada a la que se va a 'espiar' durante un tiempo. En el caso del crimen de Patraix, la Policía Nacional los razonó, por un lado, en los rasgos del hallazgo del cadáver y, por otro, en la conducta de la viuda de Antonio.

En lo primero, las seis puñaladas que presentaban la víctima en zonas vitales de su cuerpo llevaron a Homicidios a la conclusión de que se trataba de un crimen pasional. Es decir, no parecía resultado de una disputa inesperada con un atracador, sino de una voluntad clara de atacar a muerte a Antonio. «Iban a por él», expresó muy claramente la entonces jefa de Homicidios, Esther Maldonado.

Segunda clave para convencer al juez: ella, la viuda. María Jesús Moreno mostró, desde los primeros interrogatorios, una conducta impropia de alguien que acababa de perder a un ser amado en un crimen. No sólo hablaba mal de su esposo a las pocas horas de haberlo perdido. También ocultaba aspectos cruciales de sus horas previas al homicidio y de su vida sentimental que la Policía fue sonsacando, poco a poco, a través de entrevistas con familiares y amistades.

La Policía obtuvo primero, con autorización judicial, las conversaciones registradas de chats telefónicos, tanto de Antonio como de Maje. Más tarde, a finales de agosto, el permiso para pinchar su teléfono y el de la persona con la que mantenía una relación sentimental desde antes del homicidio, su amante publicista Jose.

La ley permite a las fuerzas de seguridad interceptar llamadas por un periodo de tres meses, prorrogables por periodos sucesivos de igual duración hasta un máximo de año y medio. Si en ese tiempo no aparece la prueba de peso perseguida, el grifo se corta.

Los policías escucharon horas y horas de asuntos intrascendentes de la viuda y de Jose hasta que se produjo una llamada telefónica que ya es historia de la investigación criminal en Valencia, el 8 de noviembre. En ella no era el publicista el protagonista, sino Salva.

El caso todavía se habría cerrado mejor si la Policía Nacional hubiera logrado recuperar los chateos con los que Maje y Salva planificaron el crimen de Antonio y ultimaron detalles desde dos meses antes a ese fatídico 16 de agosto. Pero el amante de la joven y auxiliar de La Salud se encargó de eliminarlos para no dejar rastro. Cuando confesó tras su arresto y colaboró con la Justicia, ya no se pudieron rescatar pese a los esfuerzos de expertos tecnológicos.

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