Un juzgado paraliza la orden de cierre del Ayuntamiento de tres restaurantes de la Marina de Valencia

El auto, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, señala que se debe tomar esta decisión «sin prejuzgar lo que se decida por el juzgado competente del orden civil». La última palabra la tiene un juzgado civil.

«Cuando el bien de esta titularidad no esté destinado a un interés público no procede ordenar un desahucio administrativo porque son bienes de naturaleza patrimonial. Con lo cual han estimado nuestra petición de suspensión», según ha afirmado el portavoz del despacho de abogados Chapapría-Navarro&Asociados, Juan Chapapría, quien presentó el recurso ahora estimado.

Chapapría añade que será el juzgado de lo civil quien conforme a dicha normativa «acuerde las consecuencias del incumplimiento de la entrega del local, en el caso de que se considere por el juez de lo civil que no procede la prórroga del arrendamiento». «Lo cierto es que la prerrogativa de recuperar de oficio por el Ayuntamiento alguno de los tres locales no se contempla porque son bienes patrimoniales», asegura Chapapria.

Además, las denuncias de la Policía Local carecen de fundamento administrativo ante la suspensión del cierre y desde el despacho de abogados se recurrirán los acuerdos acordados en la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Valencia ordenando el cierre y la recuperación de los mismos adjudicándolos a una organización sin ánimo de lucro y a la Autoridad Portuaria de Valencia para el inicio de la licitación. Otra cuestión es valorar la presentación de demanda en vía civil frente a la denegación a la petición de la tercera prórroga por el Ayuntamiento.

Cabe recordar que Vlue Arribar ya obtuvo hace un par de semanas el permiso para continuar abiertos cuando la junta de gobierno reconoce que los contratos de arrendamiento van por la vía civil, no la administrativa.