El Ayuntamiento comunica a los restaurantes de La Marina la anulación de la orden de cierre tras pedirlo los tribunales

«Los restaurantes, de nuestros representados 'Destino Puerto', 'Camarote' y 'Dos Lunas' van continuar abiertos hasta que un juzgado de lo civil dicte lo considerado oportunamente porque esa es la vía», explican desde el despacho y añaden que están estudiando si procede solicitar indemnizaciones al Ayuntamiento de Valencia por los daños causados, o sea las anulaciones de compromisos en los restaurantes con ambientación musical, como así consta en la autorización y no pubs como indebidamente se están afirmando«, ha explicado Chapapria.

El letrado Juan Chapapría ha manifestado «la voluntad de la firma de buscar junto al ayuntamiento, una solución consensuada entre las partes, que ponga fin al presente conflicto, al existir razones más que justificadas para un acuerdo extrajudicial».

El despacho denuncia que en estos momentos «la luz pública de la zona, dependiente del ayuntamiento, sigue sin funcionar como tampoco los ascensores del aparcamiento, gestionado por Aumsa, y las cámaras de vigilancia pero no desde hace un día sino meses y meses,» ha concluido el letrado quien pide se subsanen estas y otras deficiencias.

Estos cuatro restaurantes de la Marina tendrían que haber cerrado al público el pasado mes de mayo a instancias del Ayuntamiento de Valencia que había decretado el fin de la concesión tras dos prórrogas y después de que los cuatro locales aceptaran irse el 5 de mayo. El Consistorio decidió no ampliar la concesión «porque se quiere apostar por otro modelo de ocio porque hasta el momento el enclave se ha convertido en muchas ocasiones en una zona de botellón con música que incumple la normativa musical respecto a contaminación acústica».

Pero llegado el día, los restaurantes no cerraron. Se opusieron a la orden del ayuntamiento y a los requerimientos formulados por la Policía Local y acudieron a la vía judicial que en una primera decisión ha venido a darles la razón evitando el cierre de los tres restaurantes que han decidido enfrentarse al consistorio.

Un juzgado de lo contencioso administrativo ha dictaminado la suspensión cautelar de la medida de cese de actividad dictada por el Consistorio, y que obligaba a los locales a abandonar el lugar este próximo 31 de mayo.

El auto señala que se debe tomar esta decisión «sin prejuzgar lo que se decida por el juzgado competente del orden civil». La última palabra la tiene un juzgado civil.

«Cuando el bien de esta titularidad no esté destinado a un interés público no procede ordenar un desahucio administrativo porque son bienes de naturaleza patrimonial. Con lo cual han estimado nuestra petición de suspensión», según ha afirmado Chapapría.

Chapapría añade que será el juzgado de lo civil quien conforme a dicha normativa «acuerde las consecuencias del incumplimiento de la entrega del local, en el caso de que se considere por el juez de lo civil que no procede la prórroga del arrendamiento».

Por otro lado, las denuncias de la Policía Local carecen de fundamento, según los abogados de la defensa y el objetivo es recurrir los acuerdos tomados en la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Valencia ordenando el cierre y la recuperación de los mismos adjudicándolos a una organización sin ánimo de lucro y a la Autoridad Portuaria de Valencia para el inicio de la licitación.